El trámite de información pública abre un periodo —habitualmente entre 15 y 30 días hábiles desde la publicación en el DOGA— para que cualquier persona consulte el expediente y presente alegaciones. Es obligatorio en planeamiento urbanístico, evaluación ambiental, parques eólicos y expropiaciones. No alegar en plazo no impide recurrir después, pero debilita la posición del interesado.
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